Rebajas fiscales a los ricos, la política de siempre

© oscar martínez

Que los efectos de la crisis económica actual no son iguales para todos es evidente. Hay personas que lo están pasando muy mal, perdiendo su trabajo, o no pudiendo afrontar sus deudas contraídas durante la época en que los responsables económicos nos aseguraban un crecimiento continuado. Pero también hay otras personas para las cuales no importan las crisis o las épocas de bonanza, ellas siempre ganan. Está claro que la sociedad capitalista en la que vivimos hace que sea así, pero lo que no está tan claro es que un gobierno democráticamente escogido por los ciudadanos aplique una política económica que también hace distinciones sociales en base al nivel de renta de cada cual, beneficiando descaradamente a los que ganan más y provocando mayores niveles de desigualdad. Me estoy refiriendo al decreto del 3 de noviembre por el cual el ministerio de economía practicará rebajas fiscales sobre los beneficios que obtienen directivos y socios bancarios en sus operaciones financieras con las entidades en que trabajan o son socios. Estas personas deberán tributar un 18%, en lugar del 43% que les correspondía hasta ahora.

El ministerio de economía ha justificado la reforma alegando que se trata de eliminar la “distorsión fiscal” que existiría si se mantuviera el tipo fiscal anterior, debido a que en 2006 el gobierno socialista unificó la tributación de todos los productos financieros al 18%, sin tener en cuenta la renta de sus beneficiarios, es decir, eliminando el carácter progresivo de los impuestos sobre las rentas de capital. En otras palabras, el estado aplica el mismo tipo fiscal a un obrero que a un banquero, aunque éste sea tan rico como Emilio Botín.

El secretario de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, Francisco de la Torre, ha declarado que la rebaja fiscal es “ilegal”, debido a que el gobierno modifica la tributación de la Ley del IRPF a través de un reglamento, lo cual es una vulneración del ordenamiento jurídico, que prohíbe modificar una ley de rango mayor a través de una ley de rango menor, en este caso un reglamento. Según él, el gobierno ha querido hacerlo así para que la reforma fuera inadvertida por la opinión pública al eliminar el debate parlamentario que suscitaría si se hubiera reformado directamente la ley. De la Torre criticó esta medida también porque tendrá un coste fiscal “tremendo”. Por su parte, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha presentado un recurso contra la rebaja fiscal, basándose en el mismo argumento de que un reglamento no puede modificar una ley de rango superior.

Se trataba entonces, igual que ahora, de seguir la máxima neoliberal de que para estimular la economía hay que reducir los impuestos a los ricos. Reducir impuestos significa reducir ingresos para el estado, ingresos que pueden pagar escuelas, hospitales, médicos, funcionarios públicos o subsidios de paro y mejores pensiones, pero, de todas formas, no es cierto que reducir impuestos mejore la marcha de la economía, como demuestran los estados del norte de Europa, donde se pagan más impuestos que aquí y el nivel de sus economías es mayor que el nuestro.

Tenemos peores servicios sociales y peores rentas y eso es porque las personas sensatas e informadas saben que un mayor nivel de bienestar de la población favorece la economía y no al contrario. Así que, ¿cuál es la auténtica razón detrás de medidas como ésta? No es la economía, como podemos ver. Se trata sencillamente de favorecer a las clases más pudientes, que tienen una influencia excesiva sobre los poderes públicos. El gobierno socialista sigue la misma política fiscal que aplicó el Partido Popular cuando estaba en el poder; una continuación fiel de la misma. Ambos partidos son clientes fieles de los propietarios de grandes fortunas, como se encargan de demostrar ellos mismos cuando se examina detenidamente sus políticas económicas, prácticamente calcadas. Lo demás son excusas de mal pagador (o de buen pagador, según se mire).

La Constitución española dice que España es un estado social y democrático de derecho. En su artículo 31 declara “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad…”. El gobierno español, con esta medida y otras similares, como la eliminación del impuesto sobre el patrimonio, ha renunciado al principio constitucional de progresividad (es decir, que quien gane más debe pagar más) que debe corregir las desigualdades más graves provocadas por una economía de mercado; ha renunciado, en definitiva, a que la política fiscal sirva a dicho fin, lo cual entra en contradicción con sus pretendidas ideas socialdemócratas por las que dice guiarse y con la letra y el espíritu de la Constitución que dice defender. Quizá deberíamos ayudarles a ser más fieles a sus principios, ¿por qué no una huelga general, por ejemplo?

leído en El problema de Orwell